«Fracking a lo que dé»: El espejismo económico de Abelardo

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En la tensa recta final hacia la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio de 2026, la ansiedad económica del país se ha convertido en el principal terreno de disputa. Ante un panorama de déficit fiscal y un dólar inestable, la campaña de Abelardo de la Espriella ha lanzado su carta más audaz y polémica: la consigna de implementar «fracking a lo que dé». Presentada en sus agitados videos de redes sociales como una bala de plata capaz de inundar las arcas del Estado y resolver la crisis en tiempo récord, la propuesta seduce a los sectores empresariales. Sin embargo, al pasar este eslogan por el filtro del rigor técnico y científico, el discurso se desmorona, revelando un peligroso espejismo económico que esconde un desastre ambiental irreversible.

El mito de la riqueza inmediata

El principal atractivo de la propuesta de De la Espriella es la promesa de inmediatez. La narrativa de campaña sugiere que basta con autorizar el fracking —o fracturamiento hidráulico— para que los petrodólares comiencen a llover sobre la economía colombiana, tapando el hueco fiscal casi al instante. Los datos de la industria petrolera, sin embargo, desmienten categóricamente esta fantasía.

La explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC) no funciona con el simple hundimiento de un botón. Requiere fases extensas de licenciamiento, pruebas piloto, exploración comercial y un complejo montaje de infraestructura. Desde que se da luz verde hasta que un pozo produce de manera comercial y sostenida, pueden transcurrir entre tres y cinco años. Prometer que el «fracking a lo que dé» salvará las finanzas del país durante el próximo cuatrienio (2026-2030) es una clara exageración electoral. Para cuando el primer barril comercial de esta nueva fase vea la luz, el próximo presidente ya estará empacando sus maletas para salir de la Casa de Nariño.

La impagable factura del agua y la tierra

Si la promesa económica es una ilusión temporal, el costo ambiental es una certeza devastadora. El eslogan «a lo que dé» implica saltarse debates técnicos rigurosos para acelerar una de las prácticas más agresivas del mundo industrial.

El costo real de este espejismo lo pagará el agua de los colombianos. Cada pozo de fracking exige inyectar a presiones brutales entre 10 y 30 millones de litros de agua dulce, mezclada con arena y un cóctel de químicos altamente tóxicos, para fracturar la roca madre. En regiones de alta vulnerabilidad hídrica y vocación agrícola como el Magdalena Medio, esto representa una amenaza existencial. La ciencia ha documentado exhaustivamente el altísimo riesgo de que estos fluidos contaminantes se filtren hacia las aguas subterráneas, envenenando acuíferos que abastecen a comunidades enteras.

A esto se suma la sismicidad inducida. La inyección profunda de aguas residuales altera las fallas geológicas, provocando temblores en zonas donde antes no existían. El «orden» que el candidato promete para las regiones choca de frente con la destrucción del suelo rural y el inminente estallido de protestas campesinas.

Soberanía de discurso, extractivismo extranjero

Finalmente, la propuesta devela una profunda incoherencia con el discurso ultranacionalista de la campaña. Quien promete estar «firme por la patria» y defender la soberanía, pretende entregar los bienes comunes subterráneos a un modelo donde las principales beneficiarias son grandes multinacionales extranjeras (estadounidenses y canadienses), dueñas absolutas de la tecnología y el capital para esta técnica.

Bajo el modelo del «fracking a lo que dé», las corporaciones foráneas se llevan la rentabilidad en dólares, mientras Colombia asume en solitario la deuda ecológica: la conflictividad social, la deforestación y los ríos contaminados.

En definitiva, la propuesta estrella de Abelardo de la Espriella no es un plan de transición ni de desarrollo energético estructurado; es un eslogan desesperado para captar votos mediante la ilusión de riqueza rápida. Empeñar el agua, la tierra y la estabilidad sísmica del país por un espejismo que no resolverá la urgencia fiscal actual es, cuando menos, una apuesta suicida para el futuro de Colombia.

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